Las luces de alarma se encendieron entre los trabajadores de call centers en Tucumán. El despido de unos 45 empleados la semana pasada y los trascendidos de que la empresa Teleperformance analizaría trasladar toda su actividad hacia a Chaco, donde le ofrecen mejores subsidios para operar, pusieron en alerta a los casi 5.000 agentes que forman parte de la compañía. Ante esta situación, el Gobierno tucumano indicó que se involucró en el conflicto y señaló que su predisposición es brindar el apoyo que esté a su alcance para sostener y crear nuevos puestos de trabajo.

La Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC) denunció el despido de unos 45 trabajadores en los últimos 10 días a causa de una reestructuración de la empresa. Oscar Cano, dirigente del gremio, señaló en rueda de prensa que uno de los conflictos que hizo trascender la firma es que los subsidios que ofrece Tucumán quedaron muy retrasados por la inflación y que, en contraste, el Gobierno de Chaco les ofrece mejores beneficios para trasladar allí todas sus operaciones. “El gobernador (Jorge) Capitanich les pone alfombra roja”, graficó. A su vez, negó que se hayan producido cientos de despidos sin causa, como trascendió inicialmente.

El paralelo, SEOC hizo una presentación ante la Secretaría de Trabajo para que se restituya los puestos de trabajo a quienes fueron despedidos sin causa. Hoy se realizó una audiencia que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles, a las 10.

Desembarco hace 15 años y legislación

Los centros de atención telefónica desembarcaron en Tucumán en 2008, durante la gestión de José Alperovich. Entre distintos beneficios impositivos, el Gobierno les ofrecía hacerse cargo del 25% de la planilla salarial a cambio de crear puestos de trabajo genuinos para jóvenes, principalmente. Dichos subsidios se otorgaron a través de leyes específicas para cada empresa. En el caso de Teleperformance (Citytech SA), la reglamentación se dio a través de la Ley 8.485, y sus modificatorias.

La última actualización de estos beneficios data del 1 de diciembre de 2020, a través de la Ley N°9.372. En la norma se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un subsidio mensual equivalente al 25% de las retribuciones brutas mensuales que abone la firma a cada empleado y que no superen los $ 9.450; es decir, $2.362. En el articulado se especifica que estos beneficios estarán vigentes por tres años, pero no se introdujo ninguna variable de actualización automática por inflación. Sí, en cambio, se autorizó al Ejecutivo a “modificar anualmente dicho monto cuando las necesidades debidamente fundadas así lo requieran”. Sin embargo, en el Boletín Oficial no se halló ninguna actualización al respecto.

Predisposición del Gobierno

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, explicaron a LA GACETA que hay una decisión institucional de la Provincia de dar todo el apoyo que esté a su alcance para que las fuerzas de trabajo sigan funcionando en Tucumán. “De lo que dependa de la Provincia y esté a su alcance, haremos todo lo posible por sostener y hacer crecer los puestos de trabajo en la provincia”, remarcó Jaldo. La ministra, en tanto, confió que se estaba coordinando una audiencia entre el gobernador Juan Manzur y representantes de la empresa para revisar los montos de los subsidios. “Hay predisposición de aumentar los montos. En el Gobierno no queremos que se pierda ningún puesto de trabajo y en lo que la Provincia pueda ayudar lo va a hacer”, dijo la funcionaria.

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Al cierre de esta nota, en Casa de Gobierno analizaban los instrumentos legales necesarios para poder actualizar los subsidios para las empresas de call center (son tres las beneficiarias, las cuales emplean a unas 7.000 personas, en su mayoría jóvenes universitarios). Personal técnico estudiaba si las actualizaciones podrían hacerse mediante decretos y si se debería modificar la ley vigente.

Dos frentes de conflicto

Voceros de Teleperformance manifestaron a este diario que la empresa se encuentra con algunas “situaciones críticas en Tucumán” lo cual no les permite abrir nuevos negocios en estas tierras. Destacaron la predisposición del Gobierno tucumano, pero afirmaron que en la provincia se está desconociendo el convenio colectivo de la actividad, lo que ha dado lugar a una “industria del juicio” que les viene trayendo complicaciones para operar. “La Justicia no lo está reconociendo como válido y de ahí derivan las consecuencias”, dijeron.

Los voceros reconocieron que Chaco les otorga mejores subsidios que Tucumán y que los últimos crecimientos de la empresa se dieron en la provincia del NEA. Respecto a las versiones de que la firma estaría analizando mudarse de provincia, advirtieron que hace tiempo que operan en Chaco. Indicaron también que hallar soluciones a los dos frentes sería importante: una actualización en los subsidios y que la Justicia los interprete de otra manera el convenio que rige en todo el país (excepto en Córdoba) para que no se vean afectadas sus operaciones en la provincia.

Voceros de SEOC, en tanto, aseguraron que los conflictos que salieron a la luz tras los despidos vienen de la época de la pandemia. A su vez, aseguraron que los subsidios en Chaco rondan los $15.000 por trabajador, pero que el factor humano es superior en Tucumán.